Dictamen del IDEL de FACA sobre reforma y unificación de Códigos

DICTAMEN DE LA MESA EJECUTIVA DEL IDEL-FACA

Ref.: Proyecto de reformas de reformas de los Códigos Civil y de Comercio.

La Mesa Ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, a partir de las reuniones celebradas durante los meses de agosto y lo que va de septiembre del año 2012, con el fin de tratar la reforma legislativa proyectada de los Códigos Civil y de Comercio que se encuentra en actual trámite parlamentario, encomendada a tal efecto por la Junta de Gobierno de esta Federación y tras recibir propuestas de Colegios Públicos de Abogados, Institutos que los integran, las Secciones del Instituto y propuestas de colegiados, sin perjuicio de seguir profundizando el estudio de la misma, resuelve con la conformidad de sus integrantes avocados al tema: Ricardo J. Cornaglia, Gabriela Inés Tozzini, Héctor Oscar Méndez, Alberto Ruiz de Erenchun, Fernando Díaz Cantón, Cayetano Póvolo, Carlos Vásquez Ocampo y Pablo María Garat, el siguiente dictamen dejándose constancia de que los miembros de la mesa, Fernado Alberto Sagarna y Rubén Héctor Compagnucci , se excusaron de emitir opinión por haber participado en la redacción del anteproyecto.

El IDEL comparte el propósito de reformar la codificación del derecho privado argentino, a los fines de que responda a las requisitorias sociales de la hora, haciendo sistemáticas sus disposiciones y facilitando su aplicación.
Sin perjuicio de lo antes expuesto, y a los fines de que sea considerado a la hora del análisis legislativo resulta un imperativo repensar las siguientes cuestiones por la gravedad de su implicancia:

1) La invasión en el Proyecto de institutos ajenos y propias del derecho social, que encuentra su lógica de funcionamiento en principios y valores ajenos a los propios del derecho civil y el comercial.
2) La asimilación del arbitraje como un contrato, cuando se trata de un instituto del derecho procesal de insersión publicística, que se relaciona con la administración de justicia, aunque privada, en que priman los derechos y garantías constitucionales y supranacionales del debido proceso y la defensa.
3) La afirmación del fideicomiso en garantía, constituyendo un verdadero derecho real de garantía, de inédita singularidad, puesto al servicio de la burocracia gestionaria, dotándole de poderes de disposición ilimitada de la propiedad ajena, sin el necesario, previo y debido proceso, lo que afecta al derecho constitucional de la defensa en juicio..
4) La injusta institucionalización de una sociedad consigo mismo, conducirá irremediablemente a situaciones antisociales y abusivas que permiten constituir un patrimonio de afectación como límite del deber de responder, por las consecuencias dañosas de la propia conducta.
5) La pretensión de colocar al Estado, en su gestión, nada más que sometido a las normas que se autoregule en el plano de un derecho administrativo, ajenizándolo en el derecho de daños, a las responsabilidades generales que a todos conciernen.
6) El mantenimiento de la confusión en materia de responsabilidad objetiva por el obrar de las cosas, a partir de una cultura propia del animismo, debilitando a la doctrina del riesgo por actividad.
7) La derogación sin causa alguna que lo justifique de las normas de derecho positivo que tanto en el Código Civil (arts. 1953, 1954 y 1870 inc. 4), como en el Código de Comercio (art. 155, inc. 5 y 1010), dieron siempre sustento a la responsabilidad contractual consagrando el deber de seguridad como obligación de resultado.
8) El mantenimiento del régimen de concursos y quiebra, sin la necesaria reforma, cuando el régimen actual ha dado motivo de críticas fundadas.
9) El mantenimiento del régimen de sociedades comerciales, sin reformar, cuando el mismo ha merecido iguales consideraciones críticas lo que además se vincula con antecedentes de fraude y perjuicios al Fisco.
10) La utilización del término persona cuando se regula a los entes jurídicos, ahondando la confusión que responde a una conceptualización superada, en la que los centros de imputación jurídica, que superan los cánones adoptados en función de una “personería jurídica” no acatada por la legislación operativa de los derechos sociales. Debe reservarse en el código el uso de término persona, a la referencia del ser humano estrictamente como tal.
11) El Proyecto no respeta lo normado por la ley 23.849, ratificatoria en nuestro país la Convención sobre los Derechos del Niño, señalando en su texto como reserva a dicha convención que se “entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad” y los tratados internacionales (Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de Santo José de Costa Rica y en la Convención sobre los Derechos del Niño, antes reseñada), incorporados a la carta magna en el art. 75 inc. 22, han establecido que la personalidad jurídica comienza desde la concepción.
12) Las normas –que han sido citadas en forma clara y fundada por esta FACA- referidas a regulaciones de incumbencias profesionales del quehacer de la abogacía en sentido restrictivo de las mismas lo que pone en peligro en forma manifiesta el ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso a favor de la ciudadanía toda.

La Mesa del IDEL considera este aporte como responsable y oportuno para que se eviten consecuencias antisociales no deseadas, impensables a la hora de juzgar la conveniencia de una codificación a la luz de los preceptos constitucionales lo que no debe abdicarse más allá de la necesidad regulatoria de las nuevas realidades sociales, conforme a las modernas propuestas constitucionales..

Buenos Aires, 12 de septiembre del 2012.

Ricardo J. Cornaglia.
Presidente del IDEL-FACA.
Gabriela Tozzini.
Secretaria.
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