En ese contexto, el Poder Ejecutivo provincial –-dentro del ámbito de su competencia propia o posibilitando la intervención de la Jefatura de Ministros de la Nación, y a pesar de algunas excepciones parciales dictadas para diferentes municipios- no ha resuelto en forma global al planteo realizado, el que involucra a la totalidad de los/as abogados/as de la Provincia y la posibilidad efectiva del pleno ejercicio de la profesión en resguardo de los derechos de la ciudadanía.
Menos aún se ha dado respuesta a dicho reclamo, impidiéndonos conocer cuáles resultan ser los criterios técnicos y/o los fundamentos jurídico-fácticos acerca de dicho tratamiento no igualitario, no sólo en lo territorial sino también respecto de otras profesiones asimilables en sus modalidades de ejercicio.
Dichas omisiones -formales y materiales- conllevan un obrar antijurídico afectando manifiestamente el ejercicio profesional de nuestros representados/as, y adicionalmente, frustran e impiden que la Justicia provincial funcione adecuadamente
